La presión de Hacienda aflora más de un millón de rentas de alquiler que antes no se declaraban

 La obligación impuesta a las plataformas de alquileres vacacionales de revelar la identidad de sus usuarios permite poner bajo control 6.000 millones de rendimientos inmobiliarios

La estrategia de volcar los recursos en el control de grandes patrimonios coincide con un desplome del 35% de la detección de economía sumergida

Hacienda rebaja el peso real de la economía sumergida en España al 10,5% del PIB

Desde hace años anidaba en el cuartel general de la Agencia Tributaria la sospecha de que no todos los alquileres se declaraban y de que por esa vía se escamoteaban no pocos millones de euros de recaudación a la Hacienda Pública. La mejora exponencial de sus herramientas tecnológicas en los últimos años y el acceso a nuevas fuentes de información antes no controladas permitió hace ya una década a los servicios de Hacienda empezar a identificar alquileres operativos que no se reflejaban luego en la declaración de la Renta.

Primero se empezó remitiendo cartas a los afectados instándoles a declarar sus rentas inmobiliarias y luego se pasó a incorporar esa información al programa Renta Web para que los contribuyentes fueran conscientes de la información de que disponía Hacienda sobre sus datos inmobiliarios en un intento por incentivar la regularización voluntaria de esos rendimientos.

Una década después la estrategia puede considerarse como un éxito. La información proporcionada por la Agencia Tributaria en su último balance sobre los resultados de la lucha contra el fraude en el ejercicio 2023 desvela que en los últimos ocho años cerca de 1,3 millones de contribuyentes han empezado a declarar los rendimientos inmobiliarios de sus inmuebles en alquiler, lo que ha permitido aflorar un volumen de rentas antes fuera del radar de Hacienda de 8.526 millones de euros, que han dejado en caja 1.025 millones de euros.

Hacienda calcula estas cifras a partir de una metodología que estima el efecto de los avisos formulados a los contribuyentes de los que se sospecha que tienen rentas inmobiliarias no declaradas tanto en el año en que se realiza el aviso como en los siguientes.

Hasta el ejercicio de 2019, Hacienda dispuso de información para remitir unos 200.000 avisos a contribuyentes de los que se sabía que tenían rendimientos inmobiliarios no declarados. El 1 de enero de ese año entró en vigor el cambio normativo que obligó a las plataformas tipo Airbnb a proporcionar a la Agencia Tributaria a través del controvertido modelo 179 la información sobre todos los inmuebles cuyo alquiler intermediaban y de la identidad de sus titulares, lo que ensanchó de un plumazo la información a disposición de los servicios de vigilancia tributaria. En 2021, ya asentado ese cambio regulatorio, la Agencia ya acreditó el envío de algo más de un millón de avisos a contribuyentes al calor de la información obtenida de los alquileres turísticos de las plataformas.

El impacto se percibió también sobre los rendimientos declarados. En 2019 se informaba de que los avisos habían permitido aflorar unos 2.600 millones de euros en rendimientos; dos años después, ya con la información de los alquileres turísticos en sus bases de datos, la Agencia Tributaria reportó un volumen de bases afloradas de 7.100 millones, que al año siguiente era de 7.800 millones y en este último ejercicio ha superado ya los 8.500 millones de euros.

Vías de agua en la lucha contra el fraude

El éxito de la estrategia de Hacienda con los alquileres no parece haber tenido réplica en otras apuestas, especialmente impulsadas por el actual equipo de Gobierno. Un ejemplo es el refuerzo de la vigilancia sobre los grandes patrimonios, de la que Hacienda presume con cierta regularidad.

En los últimos años, la Agencia Tributaria ha duplicado el número de actuaciones sobre grandes patrimonios con un enorme esfuerzo en tiempo y recursos, pero con unos resultados recaudatorios pobres. El último informe de control tributario admite que el incremento del 13% de las actuaciones sobre este colectivo apenas ha elevado un 1,2% la deuda detectada. Algo similar ha ocurrido con el control a multinacionales. Se han duplicado las actuaciones sin mejorar las bases ocultas afloradas.

Por el camino, y en parte también por el freno judicial a las inspecciones por sorpresa, se han reducido las actuaciones contra la economía sumergida en actividades económicas tradicionales, lo que ha desplomado un 35% los resultados de la lucha contra la ocultación de ventas desde 719 millones a apenas 466 millones.